Los errores de los economistas

Los errores de los economistas
Carlos Berzosa
Sistema Digital
En un artículo reciente, Vicenç Navarro criticaba a los economistas que forman parte del grupo de los 100, entre otras cosas por no haber sido ninguno de ellos capaz de predecir la crisis. Con ser esto grave, y que ha afectado a la mayor parte de la profesión en todo el mundo, lo más preocupante es que casi ninguno de ellos tampoco ha explicado de una forma convincente las causas y la evolución de la crisis. Da la impresión de que no se han enterado y siguen sin enterarse de lo que realmente ha pasado y sigue pasando. Los remedios que dan, por tanto, para resolver los problemas son equivocados, al confundir los efectos con las causas, y tratar de poner la carreta antes que los bueyes. Sin un buen diagnóstico resulta prácticamente imposible acertar con los remedios.La escasa capacidad que la mayoría de los economistas académicos ha mostrado para predecir la crisis es el objeto principal del libro que acaba de publicar Roberto Petrini “Proceso a los economistas”. En él se recoge, al igual que en el muy recomendable libro de Juan Tugores "Crisis: lecciones aprendidas…o no", la anécdota que se ha hecho famosa acerca de la pregunta que hizo la Reina del Reino Unido en su visita en noviembre de 2008 a la London School of Economics, con motivo de la inauguración del nuevo auditorio. La Reina Isabel preguntó por qué ninguno de los grandes economistas allí reunidos había sido capaz de detectar a tiempo la gran crisis financiera que se venía encima. No obtuvo respuesta. Al parecer, sólo el español Garicano, director de uno de los departamentos, pudo apenas balbucear algún intento a modo de contestación.Posteriormente, hubo una carta de respuesta formal, en la que se culpaba a los “magos de las finanzas” y en la que se ofrecían tibias explicaciones y excusas referidas a “un fracaso de la imaginación colectiva de mucha gente brillante”. El hecho sucedido, así como la carta, fueron objeto de comentario en la prensa británica. La argumentación, desde luego, no podía ser más débil, lo que motivó que un conjunto de economistas, que cuentan con un alto reconocimiento académico, capitaneados por Geoffrey Hodgson, expusiera otras razones. La más importante, atribuía el despiste de la mayoría de los economistas respecto a la crisis a que la economía, como ciencia, se hubiera convertida en los últimos tiempos en una rama de las matemáticas, lo que la había alejado del estudio de los problemas reales. Hay, por tanto, economistas brillantes que, bien por el objeto de su estudio, muchas veces bastante irrelevante y sin aplicación al mundo real, o bien por la metodología que utilizan, excesivamente abstracta y formal, son incapaces de explicar lo que realmente sucede en el mundo. Todo lo que está pasando debe servir para cambiar las enseñanzas de la economía actual. No es que se descarte, por mi parte, la enseñanza de las matemáticas, sino al contrario. Considero que los economistas deben tener una buena formación matemática, estadística y econométrica, pero estos conocimientos deben ser medios e instrumentos y no fines. La formación en teoría económica es la base en la que se sustenta el conocimiento sólido de los economistas, pero no olvidemos que no solamente existe la teoría neoclásica, hay otros enfoques que, en muchas ocasiones, son alternativos. El estudio de la historia económica y del pensamiento, así como de las instituciones y la estructura económica resultan fundamentales para el conocimiento de la realidad concreta y material. Precisamente, algunos economistas que se han acercado con un buen instrumental teórico a la realidad, son los que han sido capaces de predecir lo que se avecinaba. Aunque se ignore, sí hubo quien pronosticó lo que se venía encima. He mencionado en otras ocasiones a economistas que de algún modo advirtieron de los peligros en los que la economía se encontraba, como consecuencia de la primacía de las finanzas, la desregulación, las desigualdades existentes, y las burbujas especulativas. Pero resulta muy ilustrativa la información que proporciona el artículo que escribe en "Sin Permiso", revista digital, Amaranta Süs, pues hace referencia a la concesión del Premio Revere a los diez economistas que predijeron la crisis. Para ello han votado 2.500 economistas de todo el mundo para elegir a quién consideran el científico que primero y con mejores argumentos advirtió al mundo del colapso financiero. Cada votante disponía de tres votos y se emitieron un total de 5.062. Este premio se ha concedido en honor de Paul Revere y de su famosa travesía nocturna para alertar a los norteamericanos de la proximidad del ejército colonial británico. Se trata, por tanto, de saber si hoy como ayer alguien advirtió de la proximidad del peligro. Sí los hubo, pero no se les hizo caso.El más votado resultó ser el economista matemático de formación marxista, pero que utiliza el modelo de Minsky, Steve Keen (Universidad de Sydney), que recibió 1.152 votos, el doble que el segundo, Nouriel Roubini (Universidad de Nueva York). En la lista se encuentran economistas bien conocidos en España, como Joseph Stiglitz, en cuarto lugar, Paul Krugman, en séptimo, y Soros, el décimo. También, aunque, menos conocido, Robert Shiller, en sexto lugar, que tiene un libro fundamental para entender las claves que originan la crisis, como es “El estallido de la burbuja”. Para el que se encuentre interesado en leer artículos del primer clasificado los puede encontrar en “Sin Permiso”. Siete de los diez clasificados se han citado periódicamente en esta revista digital.En suma, no todos los economistas se encuentran tan despistados ante la crisis, y lo que hay que hacer es leer precisamente a aquellos que la historia les ha dado la razón. Una vez más todo esto pone de manifiesto la urgencia de cambiar los planes de estudio de las facultades de economía, en la línea que hemos señalado. Estudiar a su vez a economistas como al poskeynesiano Minsky, que está triunfando después de muerto, y cuando se encontraba desaparecido en la bibliografía de los colegas economistas, ahora revive y es una de los más citados en la literatura que aborda la crisis.http://www.sistemadigital.es/News/ItemDetail.aspx?id=2678

http://www.elpais.com/articulo/internacional/UE/encrucijada/elpepuint/20110110elpepiint_9/Tes

TRIBUNA: FELIPE GONZÁLEZ

La UE en la encrucijada

A tres años largos del desencadenamiento de la crisis financiera global más grave desde la de 1929, y a un año de vigencia del Tratado de Lisboa, las turbulencias financieras continúan sin que el Consejo Europeo, la Comisión o el Banco Central logren atajarla. La especulación galopa por delante de las decisiones. Crecen las dificultades para los países, que parecen piezas de caza inermes ante los movimientos especulativos que perciben las medidas adoptadas como un aumento de sus garantías para seguir atacando.

En el último Consejo de diciembre se ha decidido modificar el Tratado, en una minireforma que garantiza la vigencia del fondo de 750.000 millones de euros más allá de 2013, incluso ampliable si fuera necesario. Al mismo tiempo se ha rechazado la propuesta de emitir bonos europeos hasta el 60% de la deuda, en tanto que el Banco Central interviene con timidez en la compra de bonos, a diferencia de la actitud decidida de la Reserva Federal de EE UU.

Es una muestra dramática de los problemas de gobernanza de la Unión Europea, atrapada en la contradicción de un avance decisivo en Unión Monetaria, con sus ingredientes de Pacto de Estabilidad, y una carencia insostenible de coordinación de las políticas económicas y fiscales. Así, en un mercado interior sin fronteras, con una moneda única, convivimos con políticas económicas y fiscales divergentes que ni están en condiciones de resistir esta crisis financiera, ni podrán hacerlo con las siguientes, que ya se están incubando.

Los ciudadanos de los distintos países se mueven en el desasosiego, cuando no en la frustración, con actitudes de rechazo a las reformas estructurales imprescindibles que se están proponiendo por los distintos Gobiernos, porque piensan que son la consecuencia de una crisis financiera de la que no se sienten responsables. No entienden que el coste de la crisis lo paguen los que no la provocaron, en tanto siguen campando a sus anchas los que nos llevaron a ella.

La situación es grave, porque las reformas estructurales son necesarias. Lo eran antes de la crisis, como se percibió con claridad cuando se acordó la agenda de Lisboa en el año 2000. Pero no se cumplió esa estrategia y la crisis financiera, impactando con más fuerza en la Unión Europea que en el resto del mundo, incluido Estados Unidos, puso de manifiesto esas carencias estructurales de las economías de la mayor parte de Europa. Pero no es menos cierto que las operaciones de rescate de las entidades financieras y las políticas anticíclicas, más las de protección social, aumentaron los desequilibrios que ahora "acusan" los mercados para justificar la especulación y exagerar los riesgos de los países llamados periféricos. Y tampoco lo es, que nada relevante se está haciendo para controlar ese sistema financiero global y a los agentes que siguen operando -y cobrando bonos sustanciosos- como si la crisis no fuera con ellos.

Así, la UE se encuentra en una encrucijada de enorme gravedad para su presente y para su futuro. En una situación de emergencia que dura ya tres años y ante la cual tiene que optar:

- O puede seguir como hasta ahora, capeando día a día el temporal que no cesa. Sumida en intereses nacionales contradictorios -a corto plazo-, impulsada por reacciones nacionalistas que alimentan el euroescepticismo. Seguiremos corriendo detrás de los especuladores, con declaraciones más o menos solemnes de que ningún país será abandonado a su suerte, con tímidas medidas de reforma de los tratados para salvar obstáculos particulares. Y con opiniones públicas encrespadas frente a las reformas estructurales que se perciben como impuestas desde "fuera" y como el precio a pagar a los "mercados".

- O puede deshacer el camino recorrido, cediendo ante las presiones de aquellos que desean que se retorne a una simple zona de libre cambio, sin mercado interior, sin unidad monetaria, en la que cada país se apañe con su propia moneda, devalúe cuando estime que eso le ayuda a salir del atasco, evitando tener que adoptar las reformas estructurales que le permitan competir en la economía global. Aunque sea a costa de perder relevancia, de acelerar su proceso de marginalidad en la nueva realidad mundial. Pagaríamos muy caro el precio de la NO EUROPA, en un retorno ciego a las pulsiones nacionales que algunos alimentan interesadamente. Cuando más necesitamos una Europa Unida y decidida a jugar un papel en la nueva realidad global, cederíamos a los demonios de la historia.

- O puede y, a mi juicio, debe avanzar decididamente en el camino de lo que convencionalmente podríamos llamar "federalización" de las políticas económicas y fiscales, e incrementar el espacio del mercado interior en energía y en todo el campo derivado de las tecnologías de la información. Federalización que se debería completar con la Política Exterior y de Seguridad Común, para la que el Tratado actual, si hay una decidida voluntad del Consejo, le da instrumentos suficientes.

La crisis financiera de 2008 ha sido el detonante que ha provocado los choques asimétricos de los sistemas económicos y fiscales divergentes que convivían bajo una moneda única y un mercado interior sin fronteras.

La decisión de poner en marcha el euro, con el Banco Central estatutariamente orientado al control de la inflación y con el exclusivo respaldo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (límite máximo de 3% de déficit presupuestario y de 60% de deuda pública), se ha mostrado claramente insuficiente. En realidad, la concepción de una Unión Económica y Monetaria, prevista así en el arranque de los tratados, quedó coja al desarrollar solo la Unión Monetaria, sin ningún mecanismo de gobernanza económica y fiscal que pudiera evitar las divergencias económicas entre los distintos países del euro.

Ya en los primeros años del euro, países tan importantes en la UE como Alemania o Francia incumplieron los compromisos del Pacto de Estabilidad, aunque sus economías, con bajos niveles de crecimiento, no creaban problemas de divergencia a la zona euro. La paradoja era que los países que ajustaron sus cuentas públicas, con equilibrios presupuestarios o incluso superávits y deudas públicas muy por debajo del límite del 60% del PIB, empezaban a divergir en sus modelos económicos y/o fiscales (como ocurría en España o en Irlanda).

Las instituciones europeas encargadas de la vigilancia del Pacto de Estabilidad tuvieron que flexibilizar los criterios convenidos para no perjudicar a Alemania o Francia. Al mismo tiempo no tenían competencia alguna para corregir las divergencias de los países que perdían competitividad, con balanzas de pagos y comerciales muy desequilibradas, o reducían su fiscalidad básica afectando a la competencia en el seno de la zona euro.

En esta situación es más que evidente por la experiencia adquirida que la Unión Monetaria, sin Unión Económica y coordinación fiscal, seguirá generando una constante inestabilidad en el espacio público de la UE. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha reducido a la "estabilidad", despreciando la necesidad del crecimiento, y dentro de esa "estabilidad", el Banco Central, por sus Estatutos, solo tiene un criterio dominante: el control de la inflación.

Las urgencias de la crisis y su profundidad han obligado al Banco Central a realizar operaciones más allá de sus objetivos estatutarios, pero siempre con extremada precaución y, por eso, con una operatividad limitada. Podríamos decir que el Pacto de Estabilidad con las correcciones necesarias y el rigor de Banco Central Europeo son condiciones necesarias pero no suficientes para avanzar en la gobernanza de la Eurozona. Y, en mi opinión, de toda la Unión Europea por las exigencias de funcionamiento de un mercado interior sin fronteras.

Por ello, una federalización de la política económica debería completar el proceso de construcción europea. El Consejo debería asumir el liderazgo, incluyendo cambios en los Tratados, aunque haya que prever que algunos países de la Unión no quieran sumarse a este desarrollo sin que por esta razón puedan obstaculizar la voluntad de los que quieran seguirlo.

Se deberían desarrollar tres políticas:

- La regulación y control homogéneos de las instituciones financieras que operan en el espacio de la Unión, con las limitaciones que se estimen necesarias para frenar las operaciones especulativas más peligrosas, incluyendo las operaciones a futuro con mayores exigencias de afianzamiento. Es absurdo mantener reglas diferentes en este espacio común e integrado en el que operan con libertad estas instituciones. El riesgo de que esto no se haga es ya claro: estamos incubando la siguiente crisis financiera y menospreciando la grave situación de la economía productiva. Este nuevo marco regulatorio debería ser pactado a continuación con EE UU y propuesto en el foro del G-20 para que el sistema financiero que opera globalmente empiece a ser gobernable en este mismo nivel.

- Aún hoy es pronto para tener una mínima seguridad de despegue autónomo de la economía real, en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos han decidido mantener las políticas anticíclicas. En la Unión Europea se imponen las políticas de ajuste. El riesgo de retroceder permanece vivo y aunque haya países que han agotado sus márgenes de maniobra, estando por ello obligados a un ajuste severo, otros no lo están y deben liderar políticas anticíclicas activas. Además, en la Unión Europea se pueden utilizar instrumentos como el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones para alimentar estas políticas anticíclicas con el desarrollo de infraestructuras imprescindibles que generen empleo y eliminen cuellos de botella para aumentar la competitividad de la Unión. Esto vale para la energía, para las nuevas tecnologías, para las autopistas del mar, etc.

- Las políticas económicas y fiscales, federalizadas, deberían ser la base de la acción estratégica del Consejo Europeo. Los diferentes países estarían obligados a cumplir requerimientos de balanza de pagos y de fiscalidad mínima armonizada. Esto explicaría por sí mismo la necesidad de hacer políticas de reformas estructurales profundas, que se necesitan para recuperar una economía altamente competitiva, con dimensión social y sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Para los ciudadanos de los países de la Unión, compartir soberanía en estos campos no es un problema inasumible. Lo que es rechazable es verse sometidos a reformas que parecen cuestionar derechos sociales adquiridos a lo largo de décadas, sin soluciones de futuro y como consecuencia inmediata de una crisis financiera que no han provocado y como imposición de unos mercados que parecen gobernar a sus gobiernos.

La UE necesita reformas profundas: por el envejecimiento de su población que afecta a sus sistemas de pensiones y de salud, pero también a su capacidad de competir; por el retraso relativo en el desarrollo de su capital humano y del I+D+I; por la rigidez y el corporativismo de su sistema de relaciones industriales; por su dependencia energética y su compromiso con el medioambiente. Pero esas reformas no serán posibles si no está claro que se pretende preservar su modelo de cohesión social y que existe la voluntad como Unión de gobernar los mercados financieros y hacer cumplir reglas de comportamiento que atiendan a la economía real.

En cuanto a la política exterior y de seguridad común, como antes he dicho, es un desafío para el que los Tratados dan margen si hay voluntad del Consejo para desarrollarlos.

La contradicción que vivimos es que mientras los ciudadanos creen en la eficacia de hablar con una sola voz en las distintas instancias y foros internacionales, en porcentajes que llegan casi al 80%, los responsables políticos argumentan al contrario: que sus opiniones públicas no estarían dispuestas a ceder estas parcelas de soberanía nacional.

Entretanto, la situación de los países de la Unión, incluidas las antiguas potencias, sufren de una pérdida progresiva de relevancia que no se ve compensada por el peso exterior que tendría una Política Exterior y de Seguridad Común. Es decir, que la Unión Europea, aunque pueda ser un gigante comercial y recuperara posiciones como potencia económico tecnológica, seguiría siendo un enano político frente a los nuevos poderes emergentes en el mundo de la globalización.

FELIPISMO: 1982-1995. MÁS ALLÁ DE LA BURBUJA INMOBILIARIA.

FELIPISMO: 1982-1995. MÁS ALLÁ DE LA BURBUJA INMOBILIARIA.

Escrito el Domingo 26 diciembre 2010 a las 20:16, Leido Veces COMENTAR | COMPARTE:

http://www.inventati.org/ingobernabl...rme-petras.pdf
El informe Petras: una crónica del futuro

James Petras (Boston, Estados Unidos, 17 de enero de 1937) es un sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre elimperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos.

El ejecutivo de Felipe González, creyendo al sociólogo afín, le encargo un ambicioso informe en el natualmente se esperaba loase los logros alcanzados por la administración socialistas. Lejos de ello Petras presentó un informe absolutamente independiente en el que describía un cuadro desalentador, muy documentado y real en el que incluia serias advertencias acerca del equivocado modelo estructural elegido en el camino hacia la modernización e integración de España en estructuras internacionales.

El informe que, naturalmente, no obtuvo apenas repercusión pública, cobra más actualidad si cabe conforme las advertencias que en su día hizo Petras se van haciendo realidad e incluso precipitándose en estos tiempos de crisis económica.

Introducción

La modernización española entre 1982 y 1995 se basó en la estrategia de ahondar en la inserción de España en las estructuras internacionales mediante la reforma y liberalización de su economía. Las medidas clave llevadas a cabo por el ejecutivo socialistas incluían la liberalización de los mercados, privatización de empresas públicas y bancos, la libre convertibilidad y la flexibilización del mercado laboral.

El impacto de la modernización en la estructura política

El liderazgo concentrado en el poder político es, según la teoría democrática clásica, el más elitista y restrictivo, aunque es probablemente el más eficaz para llevar a cabo una modernización al estilo de la española. El liderazgo con reparto del poder es menos elitista, en la medida que incluye un conjunto amplio de fuerzas sociales, pero menos eficaz para aplicar estrategias de modernización. Un liderazgo consultivo, más inclusivo y democrático, es prácticamente incompatible con la estrategia de modernización llevada a cabo en el contexto español.

Cultura cívica vs cultura autoritaria

Una democracia viable depende de la libertad de los ciudadanos para ejercer o defender
sus derechos, sin la intimidación de aquellos que ejercen el Poder. La modernización española, a través de la liberalización de la economía, se ha consumado en gran parte vía
decreto ley, cosa que ha favorecido las estructuras estatistas-autoritarias, a expensas de la sociedad civil y la consulta pública.

En una cultura política autoritaria (se celebran elecciones o no), los líderes políticos fomentan la creencia de que los movimientos sociales que exigen no subordinarse a las demandas y prioridades de las élites: inversores extranjeros, prestamistas, UE, etc, 'amenazan la estabilidad democrática'. Promueve la creencia de que sólo la élite política puede decidir cuándo, dónde y cómo hay que proceder para poner en práctica el cambio.

La libertad política no se basa solo en el número de partidos sino en el grado de apertura del sistema a debatir y aplicar estrategias alternativas. El libre acceso a la información no se basa en la libertad para publicar o leer, sino en el acceso equitativo a los media para presentar diferentes ideas al público. La integridad política se vincula con el fomento y desarrollo de una ciudadanía activa y autónoma, organizada en sociedad civil.

En un Estado que se encamina a dominar las cadenas de comunicación y a concentrar el liderazgo en la élite política política, la 'ciudadanía' se reduce a votar por un menú político de élite, en vez de ser orientada activamente a formular los contenidos del menú. En este sentido, los votantes no son ciudadanos, en la medida en que en nigún modo son miembros de una comunidad política.

Se ha argumentado a menudo que la modernización es la condición sine qua non para la
consolidación de la democracia en España. Han surgido suficientes evidencias como para poner en tela de juicio este supuesto.

Modernización vs corrupción

La centralidad del mercado como el principal mecanismo para la modernización ha reforzado los lazos entre los negocios y el Estado. Ha fomentado los valores mercantiles dentro de la clase política. El resultado ha sido que la corrupción a gran escala ha impregnado el sistema político español.

Desempleo

El nuevo régimen regulador fortalece al capital sobre los trabajadores, al capital extranjero sobre el nacional y a los servicios (banca, especulación, bienes inmobiliarios y turismo) sobre el capital productivo (industria, agricultura, minería)

La inserción de España en la UE aumenta el desempleo porque la industria española no es competitiva. La especialización en el sector servicios incrementa las desigualdades entre capital financiero y los trabajadores mal pagados del sector servicos. El turismo aumenta junto con el empleo estacional mal pagado.

Parte de la estrategia de libre mercado del régimen socialista para reforzar el poder de las empresas consistió en una serie de leyes laborales aprobadas a mediados de los 80 que socavaron el empleo estable de los trabajadores. Se fue permitiendo cada vez más a los empresarios emplear a los trabajadores con contratos eventuales, que en la mayoría de los casos sólo eran de seis meses de duración y estaban sujetos a cancelación a discreción de los empresarios y sin indemnización por despido.

La brecha generacional

La mano de obra fija y mejor pagada corresponde a los trabajadores que entraron en el mercado laboral a finales de los 60 durante la estrategia de industrialización nacional del tardofranquismo.

La mano de obra eventual son los hijos de los anteriores que entraron en el mercado laboral a finales de los 80 en plena aplicación a gran escala, por parte del régimen socialista de una estrategia económica neoliberal. De persistir la tendencia actual, está claro que los trabajadores fijos, bien pagados y sindicados van a ser una clara minoría.

La estabilidad en el empleo proporcionaba una base para la continuidad y un grado
relativo de certidumbre a la hora de hacer proyectos para tu ciclo vital. Para la nueva generación, no existen prácticamente empleos estables; la mayoría son eventuales, sin porvenir y mal pagados.

La ironía es que los padres esperaban que, con más educación, los hijos conseguirían un más alto estatus. La gran paradoja del último cuarto del siglo XX es que una mayor inversión no pudo contrarrestar los efectos retrógrados del sistema económico neoliberal.

La llamada movilidad intergeneracional descendente no es un fenómeno únicamente español; pero ha sido España la que se ha encaminado más lejos y rápido hacia un sistema laboral de dos tercios. La irónica retórica 'europeísta' del felipismo, con el argumento de que la liberalización era la única vía para volverse europeos, encubría el hecho de que la distancia en parámetros de bienestar entre España y Europa en realidad no había hecho sino ensancharse durante su presidencia.

La 'generosidad' de los padres en posición aún privilegiada, limita el surgimiento de un 'movimiento juvenil' socialmente rebelde. Su covergencia con la despolitización de la generación joven es una razón por la que que, a pesar del sub y desempleo masivo, no existan movimientos sociales a gran escala.

Competitividad

De hecho, claramente, la estrategia de liberalización no está dirigida a aumentar el empleo; sino a facilitar la adquisición extranjera de industrial locales y a presionar a la baja los salarios para facilitar la acumulación de capital

Educación

Los trabajadores cualificados y educados hoy hacen frente a índices de desempleo que sobrepasan un cuarto de la mano de obra. La escolarización puede parecer cada vez más fuera de lugar para unos jóvenes trabajadores con pocas perspectivas de empleo.

La formación técnica y profesional parece fuera de lugar para una economía cada vez más basada en el turismo, la administración pública y las plantas de montaje.

¿Dónde están los progresistas?

Es llamativa la indiferencia de los progresistas frente al destino de millones de ciudadanos mal pagados y subempleados sin futuro.¿Dónde están?

Están activos; pero concentran su actividad en asuntos que afectan a minorias que representan a lo sumo un 2% de la población: minorías étnicas, drogodependientes, prostitutas, gays y lesbianas, racismo, acoso sexual...¿Por qué eluden un compromiso con la realidad nacional y social?

En primer lugar, porque no es peligroso luchar por los derechos legales de las pequeñas minorías. Eso no comporta ninguna confrontación con el Estado y menos aún con el capital. Al contrario, comprometerse en la lucha por los sub y desempleados implica confrontaciones muy duras y sostenidas con el Estado, el capital y los medios de masas del país a su servicio.

En segundo lugar, las luchas progresistas por las minorías cuentan con el aliento y vivo apoyo financiero del poder político. Una red de ONG y similares brindan a los progresistas oportunidades económicas, segundos salarios en calidad de investigadores, educadores, asistentes sociales o abogados. Pueden así combinar una "buena conciencia" y la remuneración económica con una palmadita en el hombro de las autoridades.

Mientras tanto, la lucha de millones de sub y desempleados, si estuviera adecuadamente
organizada, podría afectar a las políticas globales de esas mismas benevolentes autoridades. Podría socavar sus esfuerzos por subvencionar a los promotores inmobiliarios urbanos y a los constructores que habitualmente financian campañas electorales.

Por esta razón, los esfuerzos para organizar políticamente a los sub y desempleados por empleos bien pagados contra los políticos neoliberales no reciben ningún apoyo financiero.

Conclusión

La supuesta 'modernización' de la economía española bajo los auspicios del régimen socialista de Felipe González ha tenido un efecto profundamente negativo sobre la vida socio-económica, política y cultural de la clase trabajadora y, en particular, sobre la familia y los trabajadores jóvenes.

La liberalización de la economía ha llevado a mayores injusticias sociales y a menos
actividades políticas, en realidad a una disminución de la democracia política.

La contradicción entre haberse criado entre algodones y un futuro incierto genera un miedo y frustración social en los jóvenes trabajadores que, si no se encauza a través de la política de clase, puede degenerar en violencia individualizada. Lo que muestra claramente nuestro estudio es que la mayoría de los trabajadores de ambas
generaciones se sienten víctimas pasivas más que protagonistas de los cambios a los que se enfrentan.

En España, la cultura cívica emergente de finales de los 70 y principios de los 80 ha sido
transformada en una cultura política autoritaria donde una reducida clase política ha marginado al grueso de la clase trabajadora de lo público y de la consulta politica.

El resultado es una generación mayor de trabajadores frustrada y ansiosa, y una generación joven marginada y apolítica. El "libre mercado", como el mecanismo elegido para lo que se suponía iba a ser la modernización de España, ha debilitado los lazos entre la clase trabajadora y la clase política, y ha fortalecido las estructuras estatistas-autoritarias a expensas de la sociedad civil y de la consulta pública.

POLITICA MONETARIA ANTES Y DESPUÉS

POLITICA MONETARIA ANTES Y DESPUÉS
DE LA CRISIS FINANCIERA
Alfonso Novales
Departamento de Economía Cuantitativa
Universidad Complutense
Marzo 2010
http://www.ucm.es/info/ecocuan/anc/Crisis.pdf


Introducción
La actual crisis económica no tuvo su origen en una política macroeconómica defectuosa. Pero
su profundidad y extensión se han visto beneficiadas por carencias importantes en la
concepción y puesta en práctica de la política económica, especialmente en su dimensión
monetaria y regulatoria. Es imprescindible, por tanto, corregir algunos aspectos centrales de la
puesta en práctica de la política monetaria, pensar en profundidad acerca de la concepción de
una regulación eficaz en función de unos objetivos claramente delimitados y, muy
especialmente, reconocer la regulación y supervisión del sistema y de las instituciones
financieras como parte de la política macroeconómica, un aspecto que ha quedado claramente
expuesto durante el desarrollo de la crisis.
Origen y desarrollo de la crisis
La actual crisis resulta de la coincidencia de unos reducidos tipos de interés en los primeros
años de este siglo, y el movimiento desregulatorio que comenzó en la década de 1970. Las
crisis financieras vividas en los últimos años: la quiebra del fondo Long Term Capital
Management (LTCM) en 1998, la crisis de la nueva economía en 2000, los atentados del 11 de
septiembre de 2001, se ha solventado aplicando una relajación monetaria mediante
reducciones drásticas en los tipos de interés. Estos han podido mantenerse a un nivel reducido
gracias al éxito de unas políticas monetarias que han mantenido la tasa de inflación en niveles
históricamente bajos en las principales zonas económicas desarrolladas. Tipos de interés
reducidos hacen que el endeudamiento sea barato, a la vez que la remuneración de tipos de
ahorro seguro, como los certificados de depósito, depósitos bancarios, bonos del Tesoro,
disminuye. Como consecuencia, el endeudamiento aumenta y el ahorro disminuye.
El ahorro barato incentiva la adquisición de viviendas; como la oferta de éstas no puede
ajustarse a corto plazo, la mayor demanda eleva su precio. Los bajos tipos de interés también
estimulan la economía, a través del gasto en consumo y la inversión, y tienden a elevar los
precios de las acciones, que pasan a ocupar una mayor posición en las carteras de los
pequeños ahorradores, tanto por el mayor apetito por el riesgo como por las mejores
expectativas de beneficios futuros de las empresas.
La demanda de crédito se satisface por parte de intermediarios financieros, en gran parte
bancos comerciales, que han de pedir prestado a su vez, y que basan su negocio en el
diferencial de intereses al que piden prestado y al que prestan. En general, esto hace que
deban ofrecer garantías a las personas o instituciones a quienes piden prestado, y asumir
algún riesgo en los créditos que conceden. El modo más sencillo de lograrlo consiste en pedir
prestado a corto plazo y prestar a largo plazo. La mayor liquidez permite acceder a un tipo de
interés más bajo en los préstamos recibidos; por el contrario, el mayor plazo al que prestan
implica una menor liquidez, y un mayor riesgo de que algo suceda que ponga en peligro la
devolución del préstamos, y ambos efectos hace que el tipo de interés a largo plazo sea más
elevado. La actividad bancaria es inherentemente arriesgada.
Política monetaria antes y después de la crisis financiera Alfonso Novales
2
Antes de la desregulación, los bancos comerciales tenían los depósitos a corto plazo como
principal fuente de capital, sobre los que en EEUU no podían pagar intereses, de modo que
podían prestarlos a corto plazo y obtener un beneficio, sin necesidad de asumir riesgos. Por si
esto fuera poco, el seguro de depósitos garantizaba el ahorro de los depositantes, lo que
estimulaba su demanda a pesar de un rendimiento monetario reducido. El movimiento
desregulatorio que se inició en la década de los 70 se aplicó a los bancos como a cualquier otra
industria, en busca de una mayor eficiencia, sin tener en cuenta otras consideraciones.1 Se
permitió a otro tipo de intermediarios ofrecer servicios similares a los de la banca comercial,
como la emisión de cheques. A la vez, se relajó la regulación de la banca comercial, de modo
que pudiera competir con los nuevos intermediarios financieros, pero la mayor competencia
hizo que sus préstamos comenzasen a ser a mayor plazo y con mayor nivel de riesgo.
Al reducirse los tipos de interés a comienzos de esta década para atajar la crisis de la Nueva
Economía, los bancos y otros intermediarios tuvieron incentivos a satisfacer la mayor demanda
de créditos para vivienda y para el consumo de bienes duraderos, pidiendo prestado en
grandes cantidades, en lugar de elevar su capital, aumentando con ello muy significativamente
su apalancamiento2. Al incrementar la competencia, la desregulación estrechó los márgenes de
beneficio; el modo de elevarlos es mediante apalancamiento, siempre que no se produzcan
impagos. El apalancamiento permite incrementar el beneficio potencial, pero también las
pérdidas, ya que la deuda es una obligación fija, a la que hay que hacer frente con
independencia del resultado operativo que se produzca. Con el objeto de reducir su nivel de
riesgo ante el mayor apalancamiento, los bancos entraron en operaciones de titulización y de
compraventa de credit default swaps, que permitían sacar activos fuera del balance,
dispersando el riesgo por todo el sistema. Sin embargo, también fueron clientes de este tipo
de activos, de modo que aseguraban a otras entidades a la vez que eran asegurados por el
riesgo en sus balances.
En este contexto, era claro que si el precio de las viviendas caía en un porcentaje significativo
habría un alto número de impagos, y que cada banco estaba interconectado de un modo
complejo con todos los demás. Con gran probabilidad, un descenso en el precio de las
viviendas vendría acompañado de una posible recesión, lo que incrementaría los impagos en
otros créditos, mientras que la destrucción de empleo elevaría los impagos de hipotecas. Esto
implica que si un banco se enfrenta a una probabilidad de quiebra3 del 1%, muchos otros
también lo hacen, de modo que si la quiebra finalmente se produce, todo el sistema crediticio
1 Como comentaré más adelante, la crisis ha expuesto la diferente naturaleza del sector financiero. Su
importancia en la puesta en práctica de la política monetaria hace que no deba ser tratado como un
sector de actividad más, y que su regulación deba considerarse parte de la política macroeconómica.
2 Medido como la ratio de deuda sobre acciones o , la ratio de deuda sobre activos
3 Si los bancos conceden hipotecas por un 90% del precio de la vivienda, un descenso superior al 10% en
el precio genera dificultades financieras a los bancos en caso de impago, al encontrarse con un activo
que vale menos que la hipoteca concedida. Si, como sucedió antes de la crisis, los bancos conceden
hipotecas por un importe superior al precio de mercado de la vivienda, las dificultades están
prácticamente garantizadas.
Política monetaria antes y después de la crisis financiera Alfonso Novales
3
puede quedar congelado, como sucedió en septiembre de 2008. Pero, simultáneamente, un
banco difícilmente podía justificar a sus accionistas quedarse fuera de este juego. Reducir su
nivel de riesgo implicaba renunciar al tipo de beneficios que las entidades competidoras
estaban generando, con el consiguiente descenso en la distribución de dividendos. Y esta
estrategia, colectivamente óptima, es especialmente difícil de justificar porque los riesgos
asumidos podrían tardar muchos años en materializarse. Pero lo que puede ser tolerable para
una entidad individual, es difícilmente tolerable para la sociedad en su conjunto.4 Si el
mercado de crédito deja de funcionar, la actividad económica se colapsa porque tanto las
actividades comerciales, como el consumo de bienes duraderos y la inversión dependen del
crédito. Comienzan a producirse despidos, y aumenta la incertidumbre acerca de las rentas
futuras. El temor de las familias con alto endeudamiento a perder su empleo hace que
reduzcan su gasto en consumo, lo que refuerza la caída del empleo. Las empresas y los
comercios recortan los precios. Si el recorte es sustancial, los consumidores rebajan sus
expectativas de descensos adicionales, por lo que retrasan sus decisiones de consumo, para
hacerlo cuando resulte más barato. Esto refuerza la caída del consumo y de la demanda de
crédito, en un contexto crecientemente deflacionista.......






Conclusiones
La política monetaria debe perseguir la estabilidad de precios como elemento
necesario, aunque no suficiente, para lograr un crecimiento sostenido y el mantenimiento de
un desempleo reducido. La política fiscal debe perseguir el mayor saneamiento posible del
sector público, reduciendo la ratio deuda sobre PIB, lo que permitirá mayor margen de
maniobra cuando surjan posibles dificultades. La política monetaria debe prestar atención a
múltiples indicadores de distintos mercados, como los niveles de apalancamiento o el
comportamiento de los precios de determinados activos financieros y reales, abandonando la
idea de que la conexión entre mercados permite, mediante arbitraje, la simplificación al
máximo del diseño de política monetaria. Tiene a su alcance una multiplicidad de elementos
regulatorios que puede utilizar discrecionalmente para evitar la ocurrencia de burbujas en los
precios de activos financieros y reales. La regulación financiera debe insertarse como
componente indispensable de la política monetaria. En modo alguno podemos volver a caer en
el error de identificar mercados libres con mercados desregulados.


http://www.ucm.es/info/ecocuan/anc/Crisis.pdf

¿CÓMO RECUPERARSE DE LA RECESIÓN?Desequilibrio fiscal ,Desempleo Excesivo y Educación Ineficiente

Desequilibrio fiscal

El esfuerzo fiscal público para sostener la demanda interna al

desplomarse la privada ha sido tan enorme que el déficit público ha aumentado

13 puntos porcentuales en sólo dos años, alcanzando el 11,4% del PIB y la

deuda ha pasado del 37% del PIB al 55,2% en 2009, pero el gobierno estima

que llegará hasta el 74,3% del PIB en 2012, casi el doble en sólo cuatro años.

El problema de ambos no es tanto de nivel absoluto como de un crecimiento

muy excesivo.

El gobierno se ha comprometido a reducir el déficit al 3% del PIB en

2013, mediante una reducción de 8,5 puntos porcentuales de PIB, de los que

3,7 puntos se lograrían por un aumento de los ingresos (cerca de 30.000

millones de euros) y 4,8 por una reducción de los gastos públicos (cerca de

50.000 millones de euros). Para ello basa sus estimaciones en unas tasas de

crecimiento del PIB bastante optimistas ya que estima que pasará de un -0,3%

en 2010 a un 1,8% en 2011, a un 2,9% en 2012 y a un 3,1% en 2013.

Asimismo ha propuesto reducir el gasto futuro en pensiones aumentando en

dos años la edad de jubilación hasta los 67, aumentando el número de años en

el cómputo de la base reguladora y obligando al cumplimiento efectivo de los

períodos mínimos de cotización.

Además, esta fuerte consolidación fiscal va a tener, por un lado, un

efecto muy negativo sobre la tasa de crecimiento ya que va a reducir la

demanda interna y si además, no se mejora el problema de competitividad

señalado más arriba, la demanda externa no va a poder compensar la caída de

la demanda interna. Se calcula que para que las exportaciones puedan

compensar la caída de la demanda interna en términos de PIB, España tendría

que reducir su consumo de bienes y servicios exteriores en un 4,5% del PIB.

Por otro lado, si la tasa de crecimiento nominal del PIB va a seguir

siendo inferior al tipo de interés nominal del coste del servicio de la deuda, será

imposible mantener y menos aún reducir el tamaño de la deuda en términos del

PIB, a menos que el superávit presupuestario primario (excluyendo el servicio

anual de la deuda) sea muy elevado. Por ejemplo, hoy el crecimiento del PIB

tendría que ser del 4,7% para poder mantener la deuda pública constante en

términos de PIB y superior para poder reducirla.

Desempleo Excesivo

España ha duplicado la tasa de desempleo media de Europa, tanto en la

dictadura, durante la recesión de 1973-1974, como en la democracia, en las de

1981, 1993-1994 y la actual. Además, este problema ha sido asimétrico, ya que

España sólo ha logrado igualar la tasa media de desempleo europea creciendo

por encima de su potencial y generando fuertes desequilibrios, como en 2007.

Si un país duplica recurrentemente las tasas de desempleo medias de la UE

ante una recesión similar, como ha ocurrido en España, significa que su

mercado de trabajo sufre serios problemas institucionales y estructurales en su

diseño y funcionamiento que consiste básicamente en su actual combinación

de rigidez salarial en su negociación colectiva y en su mercado de trabajo dual.

Primero, el sistema de negociación colectiva actual hace que los salarios

no respondan adecuadamente a las variaciones de la productividad, ni a las del

empleo, ni a la situación económica de cada empresa, sino sólo a la inflación,

pero además, con retraso y de forma asimétrica, es decir, responden a sus

subidas pero no a sus bajadas. Esto hace que los salarios tiendan a crecer por

encima de la productividad y de la inflación y que algunas empresas tengan

que cerrar al estar obligadas a acogerse a los convenios provinciales o

sectoriales que predominan sobre los de empresa.

Segundo, la brecha de costes de despido entre los trabajadores

indefinidos y los temporales es enorme ya que son muy bajos para los

segundos que son jóvenes de más reciente incorporación al mercado de

trabajo con cualificación elevada a los que se despide fácilmente y son

elevados para la mayoría de los trabajadores más antiguos, con contratos

indefinidos que en promedio tienen menor cualificación que los anteriores y a

los que se despide con dificultad o no se les despide. Es decir, existe un

mercado laboral dual en el que, cuando llega una recesión, se despide mucho

a los primeros y poco a los segundos, independientemente de sus

conocimientos, cualificación, esfuerzo y desempeño. Así, la rotación de los

temporales es enorme y su desempleo duplica la media de la UE.

Además, este mercado dual aumenta la desigualdad permitiendo que los

primeros, con contratos indefinidos, más seguros en su empleo y con un nivel

de afiliación sindical elevado, presionen fuertemente para aumentar sus

salarios, mientras que los segundos, con contratos temporales e inseguros en

su empleo y poca afiliación, salen perdiendo ya que, las empresas, si no

pueden ajustar los salarios de los primeros, pueden acabar despidiéndolos.

Ambos problemas estructurales terminan resultando en una mayor

inflación, una menor productividad, una menor movilidad laboral y un mayor

desempleo que en los demás países de la UE. Paradójicamente, modificar esta

situación no requiere gastar más recursos públicos o privados, sino que basta

con que las fuerzas políticas y sociales se pongan de acuerdo en hacer

algunos cambios legislativos y administrativos prudentes y razonables.

El nivel de desempleo resultante del actual marco laboral es mayor que

en otros países por tres razones: Porque al ser mas fácil despedir a los jóvenes

(y especialmente a aquellas mujeres que han acudido más tarde, pero

masivamente, al mercado de trabajo, por estar mucho más cualificadas que

antes de 1984) son estos los primeros en quedarse sin empleo ya que el

mercado se vacía y se ajusta primero a su costa. Es decir, porque al no ceder

los salarios (precios), el mercado termina ajustándose vía cantidades,

reduciendo el número de empleos. Porque la contratación a tiempo parcial, que

ha sido la base fundamental de la creación de empleo en Europa, es muy baja

en España ya que, al ser mayoritariamente indefinida, es desplazada por la

contratación temporal, más flexible. Y porque las políticas activas de empleo de

formación y reciclaje son un porcentaje muy bajo del total que está dominado

por las pasivas y porque la intermediación pública de las colocaciones es sólo

un 10 por ciento del total.

La productividad resultante de este marco es menor que en otros países

por tres razones: Porque los nuevos temporales contratados suelen tener una

cualificación muy superior a la del puesto de trabajo que desempeñan

desperdiciándose su mayor cualificación. Porque las empresas, al no saber si

van a necesitar despedirlos más tarde, no les dan formación suficiente

condición necesaria para aumentar su productividad. Porque ante su sobrecualificación

e incertidumbre sobre su futuro en la empresa, los trabajadores

temporales tienden a mostrar un menor interés y esfuerzo en su trabajo y un

mayor absentismo.

La tasa de inflación salarial resulta ser más elevada que en otros países

por tres razones: Porque el sistema actual de negociación colectiva y las

cláusulas de salvaguardia de los convenios hacen que los salarios tiendan a

crecer más que la tasa de inflación ya que suelen ajustarse a sus subidas pero

no a sus bajadas. Porque los salarios se ajustan con retraso a la inflación por la

firma creciente de convenios plurianuales que se acercan ya a tres años y por

la ultra-actividad salarial en algunos convenios. Y porque como los salarios

tampoco se ajustan a las caídas de la productividad, los costes salariales

unitarios, es decir, ajustados por su productividad, crecen por encima de los de

otros países de la UE.

La movilidad laboral intra-empresarial es más baja en los trabajadores

temporales al incurrirse en unos costes que no podrán recuperarse si

finalmente van a ser despedidos y porque no han recibido la formación

necesaria para su nuevo puesto. La movilidad laboral Inter.-empresarial es más

baja porque los trabajadores indefinidos con costes de despido elevados no se

atreven a cambiar de empresa al perder sus derechos implícitos ligados a su

antigüedad. La movilidad Inter.-territorial es más baja porque los trabajadores

temporales no se atreven a buscar empleo en otras ciudades o regiones con

mayores probabilidad de empleo porque pueden terminar siendo despedidos.

Finalmente, los jóvenes, ante la dificultad de encontrar un empleo

indefinido, ven dificultadas o retrasadas sus decisiones de tipo vital, tales como

su emancipación y su procreación, lo que afecta negativamente a su acceso a

una vivienda, a su tasa de fecundidad que está cayendo de forma preocupante

y al futuro del sistema de pensiones de reparto.

La mejor propuesta para atajar estos problemas del mercado laboral es

la de los “100 economistas”, que es un intento muy meritorio de conseguir una

solución que pueda ser viable hoy mismo. Las cuatro medidas que propone son

las siguientes:

Primera, en cuanto a la dualidad laboral, propone que, a su entrada en

vigor, sólo exista un contrato laboral indefinido, cuyas indemnizaciones por

despido sean crecientes por cada año de servicio, desapareciendo la maraña

de los 16 contratos laborales actuales (salvo el de interinidad para sustituciones

por baja temporal). Este contrato único unificaría las causas de despido,

manteniendo sólo la tutela judicial para despidos por razones discriminatorias.

Las indemnizaciones por despido podrían empezar, a título de ejemplo, por los

8 días por año trabajado de los actuales contratos temporales los primeros dos

años y seguirían aumentando cada año hasta llegar a un máximo a partir del

quinto año que debería aproximarse al de la media europea de 35 días, es

decir, bastante por debajo de los 45 días actuales. En todo caso, sin superar

los costes medios actuales al diseñar su escalado anual.

Segunda, en cuanto a la protección por desempleo, propone, a medio

plazo, aumentar el nivel de la prestación por desempleo durante los primeros

seis meses a cambio de reducir su duración posterior, para que no desincentive

la búsqueda de empleo. Asimismo, propone revisar sus topes máximos que, al

ser relativamente bajos, no permiten mantener decisiones de consumo, ya

comprometidas y, al ser escasamente decrecientes, desincentivan la búsqueda

de empleo. También propone aplicar el modelo austriaco a las cotizaciones que

financian dichas prestaciones, mediante el cual pueden acumularse parte de

las cotizaciones en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso si

queda parado o si necesita formación y además puede acumular lo que quede

en un fondo de pensiones cuando se jubile. Asimismo, propone reducir las

cotizaciones sociales a las empresas que tiendan a despedir menos y

aumentarlas a las que suelan despedir más.

Tercera, en cuanto a la negociación colectiva propone modernizarla

cambiando su regulación para permitir que los acuerdos de empresa, ya sean

convenios de empresa u otros acuerdos entre los empresarios y sus comités de

empresa, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior,

permitiendo así que las empresas puedan mantener su empleo.

Cuarta, propone aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo

actuales. Por un lado, concentrándolas en los trabajadores de menor

cualificación, que son los que padecen períodos más largos de desempleo,

para evitar el paro de larga duración. Por otro, coordinando su gestión con la de

protección por desempleo, para que la provisión de actividades de formación o

de inserción tenga en cuenta la situación particular de cada parado y poder

generarle incentivos y oportunidades para salir del paro. Finalmente, propone

ampliar la oferta de estas actividades permitiendo que las empresas privadas

de intermediación laboral acreditadas puedan colaborar con las públicas, dando

mayores oportunidades de elección a los trabajadores.

Educación Ineficiente

El sistema educativo español muestra varios problemas estructurales de

solución relativamente fácil: El primero es en la educación infantil entre 0 y 3

años. La educación infantil es un medio extremadamente eficaz para sentar las

bases de un aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar y reducir las

desigualdades derivadas del estrato socioeconómico familiar. Aunque ha

habido avances sustanciales durante la última década, la tasa de

escolarización entre 0 y 3 años es sólo del 18% y en el 57% de los casos esta

enseñanza es privada, la pública se ha quedado muy pequeña dada la fuerte

inmigración y se ha lanzado el Plan Educa 3 para ofrecer 300.000 nuevas

plazas de guarderías hasta 2012.

El segundo es en la educación primaria y secundaria. Su tasa de fracaso

escolar es del doble que la media de la UE. Un 30% de los alumnos del

bachillerato abandonan la educación secundaria obligatoria (ESO), con lo que

un 14% sólo alcanzan estudios de primaria y no hace posteriormente formación

profesional, ambos porcentajes son los más elevados y los más bajos de la UE.

En la evaluación de PISA, un 26% de los estudiantes españoles no

consiguen los mínimos requeridos en lectura, otro 20% no los consigue en

ciencias y otro 25% no los consigue en matemáticas, quedando entre 3 y 4

puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. La OCDE estima que en

España existe un 14% de la población entre 16 y 24 años que ni estudia ni

trabaja, la cuarta tasa más elevada de los 19 países miembros analizados, que

el 5% de los que dejan de estudiar después de la ESO queda atrapado en la

inactividad y otro 20% en el desempleo y que la tasa española de desempleo

juvenil es del 25%, la más elevada de dichos países.

Hay que recuperar la cultura del esfuerzo mediante incentivos

adecuados, mostrando que la educación no es algo lúdico sino costoso. Hay

que recuperar los controles centralizados a través de la antigua reválida a los

14 años a nivel nacional, abolida en 1975. Hay que ofrecer vías de acceso a

enseñanzas secundarias de formación profesional (FP) al acabar la primaria,

ya que hay tres alumnos universitarios en España por cada uno de FP,

mientras que la relación media entre ambos en la UE es sólo de uno a uno.

Hay que reforzar la enseñanza de idiomas extranjeros, el 55% de los españoles

no habla ninguno.

Hay que financiar generosamente a los grupos de apoyo a los alumnos

reaventajados. Hay que desarrollar en mayor medida el uso de tecnologías en

la transmisión del conocimiento, ya que sólo se utilizan las TICS en un 8% del

tiempo de clase, en combinación con el esfuerzo memorístico y el trabajo en

casa. Hay que reforzar la figura del profesor mediante su formación y reciclaje

continuo y hay que extender a la educación pública lo que ya ofrece la privada

y la concertada.

El tercero es la educación universitaria que, como en la educación

secundaria los incentivos no son los correctos. Un estudiante de universidad

pública cuesta aproximadamente unos 8.000 euros al año y sólo paga como

tasa de matriculación unos 1.000 euros al año, es decir el 12,5% del coste total

que es financiado por los contribuyentes. Esto significa que cada alumno

universitario recibe una subvención de 7.000 euros de los contribuyentes con

independencia de su nivel socioeconómico familiar y su currículo anterior.

El rendimiento, en términos salariales de un año adicional de educación

universitaria es entre el 7% y el 10% anual, mayor que el de gran mayoría de

los activos financieros, mientras que su rendimiento social es entre el 1% y el

3%. Esto significaría que el alumno debería de pagar el 70% del coste de su

formación y el resto el contribuyente y no sólo el 12,5%. Los sistemas de

financiación universitaria pública que mejor funcionan son aquellos cuyas

matrículas son elevadas y con ellas se dan préstamos a los que no pueden

pagarlas y se financian becas para los alumnos con más talento y menos

capacidad económica. Por ejemplo, España dedica a becas el 0,08% del PIB

mientras que la media de la UE es tres veces más (0,25% del PIB).

La tasa de fracaso universitario es incluso superior a la del fracaso

escolar porque sus incentivos son perversos. Un 30% de los estudiantes

universitarios abandona dos años después de empezar sus estudios sin

obtener titulación alguna. Sólo un 30% completan su licenciatura en los 4 años

establecidos y el restante 40% la completa dos años más tarde ya que la

duración media es de 6 años. Además, la financiación de las universidades

públicas depende en un 90% del número total de sus alumnos y sólo el 10% de

la calidad de su docencia e investigación. Si a esto se le añade la precariedad

de los jóvenes, el resultado es un grado de sobre-educación cercano al 25%,

donde la educación superior ha perdido buena parte de su capacidad de señal

de las competencias y habilidades del individuo.

Finalmente, la trascripción del Proceso de Bolonia en España ha sido

diferente al del adoptado por 43 de los 46 países firmantes. En lugar de elegir

la idea propuesta de un grado de 3 años y un master de 2 años se ha decidido

elegir un grado de 4 años y un master de 2 años. Los grados de 3 años

hubieran reducido sustancialmente la tasa de fracaso universitaria,

recuperando una buena parte del desperdicio de fondos públicos. Además

hubiera sido un foco de atracción de estudiantes extranjeros, que hoy sólo

representan el 2 por ciento frente al 15 por ciento de Estados Unidos y el reino

Unido.

Los cálculos realizados sobre el desperdicio del gasto público en

educación son los siguientes: En universidad, siendo el flujo de entrada anual

es de unos 250.000 alumnos y el stock de 1,38 millones de alumnos en 2008,

el desperdicio anual sería de 3.304 millones de euros, el 0,3% del PIB de dicho

año. Si se añade el despilfarro procedente del 30 por ciento del abandono

escolar de los estudiantes de la ESO, donde el gasto anual por alumno es de

6.000 euros, esto supone 1.440 millones de euros más al año, lo que

representa un 0,13 del PIB de dicho año. En total, 4.744 millones de euros al

año o el 0, 43% del PIB al año. Con esta cantidad podría financiarse un plan

nacional de incremento de la I+D+i en las empresas.

http://www.guillermodeladehesa.com/files/0006.1274774639.MUUB5836BWXN3917LNPK1245QGBQ5309.pdf

¿CÓMO RECUPERARSE DE LA RECESIÓN?Salida y Recuperación Problemas Estructurales

Salida y Recuperación

Conviene distinguir entre salida de la crisis y recuperación. La salida es

inmediata una vez que se ha tocado fondo en el último trimestre de 2009. Es

decir, la salida sólo consiste en que el primer trimestre de 2010 el crecimiento

trimestral sea mayor que el del trimestre anterior en el que se tocó fondo. La

salida, que sólo consiste en alcanzar una tasa de crecimiento intertrimestral

positiva, es sólo el primer paso de un proceso de recuperación muy largo y

complejo. El segundo paso consiste en alcanzar una tasa de crecimiento

interanual positiva. Según las predicciones del FMI, la OCDE y la Comisión

Europea, no va a poder alcanzarse en 2010, ya que estiman que la tasa

interanual será ligeramente negativa respecto a la de 2009. Habrá que esperar

a 2011 para alcanzarla.

El tercer paso consiste en alcanzar la tasa de crecimiento potencial (no

inflacionista) de la economía española. En el período 1994-2007 fue en

promedio del 2,9%, ahora será ligeramente inferior al 2% ya que una parte de

la oferta productiva ha sido destruida, como muestra un paro del 20%, la

quiebra de unas 300.000 empresas, la retracción de la inversión, el abandono

de planes de aumento de la capacidad productiva instalada que estaban

presupuestados, etc. etc. Esta tasa de crecimiento potencial sólo conseguiría

alcanzarse en 2013, si las economías avanzadas consiguen recuperarse antes

que la española y las emergentes mantengan su crecimiento actual, lo que no

está todavía totalmente claro. El cuarto y último paso consiste el alcanzar, no la

tasa, sino el nivel de producción, medido en euros, potencial de la economía

española, que va a ser también bastante menor que el alcanzado en 2007, lo

que probablemente se consiga en 2015.

En todo caso, conviene advertir que la tasa de crecimiento de 2006 y

2007 no volverá a alcanzarse hasta la segunda mitad de esta década y que el

nivel de PIB en euros de 2007 no volvería a alcanzarse hasta la década

siguiente, si todo va bien. No hay que olvidar, como ha sido explicado más

arriba, que en los años anteriores a la llegada de la crisis y la recesión la

economía estaba creciendo por encima de sus posibilidades, con un exceso de

inflación, con fuertes desequilibrios financieros y externos, lo que era

totalmente insostenible ya que se habían debido a dos choques externos

positivos que es muy poco probable que puedan repetirse en las próximas dos

décadas.

Este proceso tan largo de recuperación coincide con la experiencia

histórica. El FMI ha realizado un estudio de enorme interés sobre lo que ha

ocurrido en las pasadas recesiones de 21 países de la OCDE entre 1960 y

2007. Sus resultados muestran que la recesión típica ha durado casi 4

trimestres y ha producido una caída del PIB del 2 por ciento. Aquellas

recesiones en las que ha habido un credit crunch o un desplome de los precios,

bien de la vivienda o de la bolsa duran más tiempo.

En las que ha habido un credit crunch, que han sido una de cada seis,

han durado en promedio dos años y medio y el crédito ha caído un 20%. En las

que ha habido un desplome de los precios de la vivienda, que han sido una de

cada cuatro, la duración ha sido incluso mayor, ya que en promedio han durado

cuatro años y medio con una caída promedio de un 30% de los precios reales

de las viviendas. En las que se ha dado un desplome de los precios reales de

las acciones, que han sido una de cada tres, la duración media ha sido de dos

años y medio y los precios reales de las acciones han caído un 50%.

Es decir, las recesiones que más duran y que son más profundas son

las asociadas a un credit crunch y a un desplome de los precios reales de la

vivienda y su impacto sobre el PIB se da con un retraso promedio de cuatro o

cinco trimestres. Las caídas de PIB que generan son entre dos y tres veces

mayores que las que no los han sufrido lo que demuestra que existe una

relación de causa efecto entre el sector financiero y el real de las economías.

Aquellas que están asociadas a un desplome de los precios de la vivienda son

las de mayor caída del PIB, independientemente de los cambios en las

variables financieras, incluidos los volúmenes de crédito y los precios de las

acciones. Un análisis reciente de la Comisión Europea muestra que la tasa de

crecimiento potencial del Área Euro (AE) en 2009-2010, caería a casi la mitad

de la de 2008, del 1,3% al 0,7% en su estimación media.

Problemas Estructurales

Las recesiones siempre ponen en evidencia los problemas estructurales

de una economía y es durante estas cuando hay que intentar atajarlos ya que

de no hacerlo, la recuperación puede ser todavía más lenta. Ahora que la

actividad económica ha tocado fondo y que las ayudas públicas de

sostenimiento de la demanda se han detenido y tienen que ser retiradas

gradualmente, los problemas del lado de la oferta de la economía pasan a jugar

el papel fundamental en esta larga fase de recuperación.

En primer lugar, producen un aumento del desempleo de larga duración

o estructural, ya que hay que recolocar a los desempleados en sectores o

empresas en expansión diferentes de aquellos en contracción en que

trabajaban, como construcción, automóvil, servicios bancarios, comercio y

turismo. En segundo lugar, suponen una menor acumulación de capital físico,

lo que, unido a una mayor obsolescencia del capital instalado, hace que, a

medio plazo, caiga la productividad total de los factores (PTF), es decir, la

diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción total y la tasa

ponderada de incremento de los factores de producción (capital y trabajo).

En el caso español han quedado al descubierto sus graves problemas

estructurales en el mercado laboral, en la formación, y en la educación

secundaria y terciaria, en la innovación, en la competitividad externa y ahora

además, en el tamaño del gasto y la deuda pública.

Competitividad Baja

La economía española ha perdido, desde 1999, casi 17 puntos

porcentuales de competitividad respecto al Área Euro (AE) medida en términos

de costes laborales unitarios por hora trabajada. La razón es muy sencilla, la

inflación ha sido más elevada cada año que la del Área Euro AE, los salarios

han aumentado con la inflación, a pesar de que la productividad laboral crecía

muy por debajo de la del AE y la PTF ha sido negativa. En unos años eufóricos

en los que la demanda interna crecía al 5% y el sector exterior restaba al

crecimiento nadie pensaba que era un problema, pero ahora que la demanda

interna va a estar deprimida durante cierto tiempo y que hay que salir de la

recesión exportando bienes y servicios, de los que el AE absorbe el 60%, este

problema deviene grave.

Al no poder recurrir a una devaluación del tipo de cambio nominal, como

se hacía antaño, por existir una moneda única en el AE, la sola forma de

recuperarla es haciendo una devaluación interna del tipo de cambio real y esto

sólo se consigue si, durante varios años, los márgenes y los salarios crecen por

debajo de los del AE y si, durante varios años, la productividad laboral crece

por encima de la del AE. No hay otra opción, aun sabiendo que puede ser muy

duro. La otra forma complementaria de paliar esta dureza es llevando a cabo,

al mismo tiempo, una reducción de los costes laborales a costa del consumo.

Esto puede hacerse de tres maneras. La primera consiste en reducir en

varios puntos porcentuales las contribuciones empresariales a la seguridad

social a cambio de aumentar el IVA. Se calcula que por cada 3,5 puntos

porcentuales de reducción de las primeras, el IVA tendría que aumentar en 2

puntos porcentuales. Esto aumentaría el empleo el primer año en 1,4%. La

segunda es reducir directamente el IRPF de las rentas salariales medias y

bajas y compensarla con un aumento del IVA, sabiendo que por cada 2 puntos

porcentuales de reducción del tipo medio del IRPF el IVA debería aumentar 1

punto porcentual.

La tercera es aumentar los impuestos especiales sobre el tabaco, el

alcohol y los carburantes en lugar del IVA y esto por varias razones: primero

porque tiene más sentido gravar el consumo más inelástico, como el del

alcohol o tabaco. Segundo porque son menos regresivos que el IVA. Tercero,

porque son más fáciles de recaudar ya que el IVA deja de pagarse si no se da

factura, mientras que los especiales no pueden evadirse. Cuarto porque

además ayudan a reducir las importaciones de petróleo y quinto, porque

reducen el gasto sanitario (50.000 muertes al año relacionadas con el tabaco,

numerosos accidentes y muertes de tráfico debidas a la ingesta de alcohol etc.

Finalmente, podría también utilizarse una cuarta opción con una mezcla de IVA

e impuestos especiales ya que de los segundos sólo se recauda un 40% de lo

que se recauda con el IVA cada año.

Al mismo tiempo, sería fundamental que el mercado del AE creciese un

poco más rápido ya que ayudaría a aligerar este proceso. En este sentido sería

muy conveniente que los ciudadanos alemanes consumiesen más de lo que

consumen hoy día ya que sólo crecen a través de su demanda externa y no de

la interna. Habiendo sido los primeros en llevar a cabo una devaluación real

interna tanto con reducciones salariales como reducciones de los costes

laborales y aumentos del IVA, consiguen exportar más al AE y al resto del

mundo, pero no aumentan su propia demanda interna. Esta forma de actuar se

llamaba antiguamente “beggar my neighbour policies”.

El problema de recuperar la competitividad es que va a tener un efecto

negativo sobre la demanda interna al reducirse el consumo por un menor

crecimiento salarial, a menos que la productividad laboral crezca mucho, y por

un aumento de los impuestos sobre el consumo que lógicamente tenderán a

reducirlo.

http://www.guillermodeladehesa.com/files/0006.1274774639.MUUB5836BWXN3917LNPK1245QGBQ5309.pdf

¿CÓMO RECUPERARSE DE LA RECESIÓN?Euforia y Recesión

¿CÓMO RECUPERARSE DE LA RECESIÓN?

Guillermo de la Dehesa

Presidente del Centre for Economic Policy Research, London

Euforia

La economía española, ha conseguido alcanzar una tasa de crecimiento

medio ininterrumpida del 3,5% durante 14 años, entre 1994 y 2007, claramente

por encima de su potencial, que era del 2,9% promedio durante dicho período

lo que ha hecho que se hayan producido importantes desequilibrios aunque ha

logrado transformarse en una economía más desarrollada con una importante

mejora de su sector privado empresarial y de sus infraestructuras físicas.

Este largo ciclo expansivo ha estado basado en dos choques positivos

externos de enorme magnitud e irrepetibles. El primer choque derivado de las

crecientes perspectivas de entrada de España en la UEM a partir de 1994, que

han hecho que los tipos de interés nominales y reales a corto y largo plazo

cayeran rápidamente y que, tras la introducción del euro y la desaparición de la

peseta y del riesgo de cambio, los tipos reales de interés a corto plazo

empezasen a ser cercanos a cero o negativos.

Esta dramática caída de los tipos de interés nominales a corto plazo y a

largo plazo, (desde un 13,3 y 11,7 por ciento respectivamente en promedio de

1992, a un 3,0 y un 4,7 por ciento respectivamente en 1999 y a un 2,2 y un 3,4

por ciento, respectivamente en 2005) desató una fuerte y larga ola de demanda

de crédito para invertir, por parte de las familias en la compra de una vivienda

así como en bienes de consumo duradero y, posteriormente, por las empresas

en empleo y en bienes de equipo.

Pero también fue creando una burbuja en el mercado de la vivienda,

cuyos precios subieron un 30 por ciento en términos reales, empujada también

y crecientemente por su demanda por parte de familias europeas y, más tarde,

por la de inmigrantes, y otra burbuja en el mercado de la construcción, sector

que legó a alcanzar, en 2006, el 16 por ciento del PIB en términos reales y que

llegó a generar el 20 por ciento de todo el empleo creado en la economía en los

últimos 14 años y el 33 por ciento del empleo total creado en la UE a 15.

El segundo choque debido de la inmigración masiva a partir de 2002,

atraída por la demanda de empleo en la construcción y de algunos servicios

básicos de poco valor añadido que ha dado otro fuerte impulso añadido a la

actividad económica. A mediados de 2009, el número de extranjeros

empadronados en España había alcanzado 5,6 millones, el 12,0 por ciento de

un total de la población de 46,6 millones, sin contar otros cientos de miles en

situación irregular que no se cuentan porque no están ni siquiera

empadronados.

Los inmigrantes han llegado a representar más del 80 por ciento del

crecimiento de la población total española, lo que ha ayudado a incrementar la

fuerza laboral (número de personas en edad de trabajar) y los contribuyentes a

la Seguridad Social. Así, la economía española ha llegado a alcanzar dos

éxitos históricos: una tasa de desempleo de sólo el 8 por ciento y una tasa de

empleo del 66 por ciento, dos de cada tres personas en edad de trabajar tenían

empleo frente a una de cada dos en 1994, lo que disparado el crecimiento del

PIB por habitante. Ambos choques positivos han logrado incrementar el PIB

total y el PIB por habitante de tal forma que este último ha llegado a igualar por

primera vez al de Italia a finales de 2007. La aportación de los inmigrantes al

PIB anual ha sido del 33 por ciento del total, entre 2000 y 2006.

Este largo período de crecimiento elevado por encima del potencial ha

producido una ola de optimismo y euforia en el que el crédito total ha llegado a

crecer al 27%, cuatro veces más que el PIB nominal y el 25% de todo el crédito

concedido en la zona euro, cuando el PIB español era sólo el 12% de dicha

zona. Además, en 2006, el crédito a la construcción ha llegado a alcanzar un

crecimiento del 36% y se han iniciado 760.000 viviendas y concluido 955.000

transacciones inmobiliarias, más que en Estados Unidos, con 7 veces más

población que España y ha llegado a generarse un déficit por cuenta corriente

del 10% del PIB, el segundo mayor del mundo en valor tras el de EEUU.

Esta euforia ha hecho que la economía haya pasado de no necesitar

financiación exterior en 1996, ya que las operaciones netas con el resto del

mundo presentaban un superávit del 0,8% del PIB, a tener una necesidad de

financiación exterior del 9,7% del PIB en 2007 que se repartía en un 11,1% del

PIB para sociedades no financieras, un 2,7% del PIB para hogares y un

capacidad de financiación exterior del sector público de 2,2% del PIB. En

términos netos, es decir pasivos menos activos financieros totales, la brecha de

financiación de las sociedades no financieras ha llegado a un máximo del

19,8% del PIB a principios de 2008 y la de los hogares a un máximo del 9% del

PIB.

Recesión

La crisis financiera ha llegado en el peor momento posible para la

economía española. Con un peso excesivo de la construcción en el PIB y el

empleo, con una enorme burbuja inmobiliaria y un exceso de viviendas

terminadas, sin vender, con un déficit por cuenta corriente del 10% que hay que

financiar cada año y con un sector privado muy endeudado con el ahorro

extranjero que ha tenido serias dificultades para refinanciarse al cerrarse la

mayoría de los mercados. Finalmente, en estos años de euforia no se han

acometido ninguna de las reformas que más necesita la economía española,

como la de la contratación laboral, la de la negociación colectiva, la de las

pensiones o la de la educación.

Esta crisis financiera ha producido la recesión más grave desde la

guerra civil derivada de una fuerte caída de la demanda interna en la

economía, provocada por un hundimiento del consumo y de la inversión

privadas, generada por el efecto riqueza negativo fruto de las pérdidas de valor

de los activos financieros e inmobiliarios en los patrimonios empresariales y

familiares. Esta caída de la demanda privada ha sido compensada mediante un

enorme aumento de la demanda pública, tanto por dejar funcionar los

estabilizadores automáticos, como por estímulos fiscales discrecionales y

algunas ayudas al sistema crediticio para evitar una contracción del crédito.

Sin embargo, estas políticas fiscales y monetarias temporales de

sostenimiento de la demanda agregada tienen un límite y ahora deben irse

eliminando para poder mantener un marco de estabilidad fiscal y monetaria a

largo plazo y asegurar un crecimiento futuro no inflacionista. Ahora bien, hay

que acertar con el momento oportuno para hacerlo ya que, si se eliminan

demasiado pronto, puede producirse otra recesión.

La recesión ha tenido graves consecuencias tanto para el empleo que ha

duplicado la media de la UE, como para las cuentas públicas que han

producido un déficit desproporcionado. Por un lado, el desempleo ha pasado

del 8% al 20%, en dos años, volviendo una vez más, a alcanzar una tasa que

duplica la media de la UE.

Por otro, el déficit público ha pasado de un superávit de 1,9% del PIB en

2007 a un déficit del 11,4% del PIB en 2009, es decir, un deterioro record de

13,3 puntos porcentuales en dos años. Los ingresos han caído, tanto por la

recesión como por la caída de las bases imponibles, y los gastos han

aumentado, tanto los discrecionales como los derivados de los estabilizadores

automáticos por el aumento del desempleo. El desempleo actual cuesta 32.000

millones de euros al año. Así, el gasto público ha superado en 2009 el 45% del

PIB y la deuda pública ha pasado del 37% del PIB en 2007 al 55,2% del PIB en

2009 pero todavía por debajo del 78,2% del PIB de media en el Area Euro.