Desequilibrio fiscal
El esfuerzo fiscal público para sostener la demanda interna al
desplomarse la privada ha sido tan enorme que el déficit público ha aumentado
13 puntos porcentuales en sólo dos años, alcanzando el 11,4% del PIB y la
deuda ha pasado del 37% del PIB al 55,2% en 2009, pero el gobierno estima
que llegará hasta el 74,3% del PIB en 2012, casi el doble en sólo cuatro años.
El problema de ambos no es tanto de nivel absoluto como de un crecimiento
muy excesivo.
El gobierno se ha comprometido a reducir el déficit al 3% del PIB en
2013, mediante una reducción de 8,5 puntos porcentuales de PIB, de los que
3,7 puntos se lograrían por un aumento de los ingresos (cerca de 30.000
millones de euros) y 4,8 por una reducción de los gastos públicos (cerca de
50.000 millones de euros). Para ello basa sus estimaciones en unas tasas de
crecimiento del PIB bastante optimistas ya que estima que pasará de un -0,3%
en 2010 a un 1,8% en 2011, a un 2,9% en 2012 y a un 3,1% en 2013.
Asimismo ha propuesto reducir el gasto futuro en pensiones aumentando en
dos años la edad de jubilación hasta los 67, aumentando el número de años en
el cómputo de la base reguladora y obligando al cumplimiento efectivo de los
períodos mínimos de cotización.
Además, esta fuerte consolidación fiscal va a tener, por un lado, un
efecto muy negativo sobre la tasa de crecimiento ya que va a reducir la
demanda interna y si además, no se mejora el problema de competitividad
señalado más arriba, la demanda externa no va a poder compensar la caída de
la demanda interna. Se calcula que para que las exportaciones puedan
compensar la caída de la demanda interna en términos de PIB, España tendría
que reducir su consumo de bienes y servicios exteriores en un 4,5% del PIB.
Por otro lado, si la tasa de crecimiento nominal del PIB va a seguir
siendo inferior al tipo de interés nominal del coste del servicio de la deuda, será
imposible mantener y menos aún reducir el tamaño de la deuda en términos del
PIB, a menos que el superávit presupuestario primario (excluyendo el servicio
anual de la deuda) sea muy elevado. Por ejemplo, hoy el crecimiento del PIB
tendría que ser del 4,7% para poder mantener la deuda pública constante en
términos de PIB y superior para poder reducirla.
Desempleo Excesivo
España ha duplicado la tasa de desempleo media de Europa, tanto en la
dictadura, durante la recesión de 1973-1974, como en la democracia, en las de
1981, 1993-1994 y la actual. Además, este problema ha sido asimétrico, ya que
España sólo ha logrado igualar la tasa media de desempleo europea creciendo
por encima de su potencial y generando fuertes desequilibrios, como en 2007.
Si un país duplica recurrentemente las tasas de desempleo medias de la UE
ante una recesión similar, como ha ocurrido en España, significa que su
mercado de trabajo sufre serios problemas institucionales y estructurales en su
diseño y funcionamiento que consiste básicamente en su actual combinación
de rigidez salarial en su negociación colectiva y en su mercado de trabajo dual.
Primero, el sistema de negociación colectiva actual hace que los salarios
no respondan adecuadamente a las variaciones de la productividad, ni a las del
empleo, ni a la situación económica de cada empresa, sino sólo a la inflación,
pero además, con retraso y de forma asimétrica, es decir, responden a sus
subidas pero no a sus bajadas. Esto hace que los salarios tiendan a crecer por
encima de la productividad y de la inflación y que algunas empresas tengan
que cerrar al estar obligadas a acogerse a los convenios provinciales o
sectoriales que predominan sobre los de empresa.
Segundo, la brecha de costes de despido entre los trabajadores
indefinidos y los temporales es enorme ya que son muy bajos para los
segundos que son jóvenes de más reciente incorporación al mercado de
trabajo con cualificación elevada a los que se despide fácilmente y son
elevados para la mayoría de los trabajadores más antiguos, con contratos
indefinidos que en promedio tienen menor cualificación que los anteriores y a
los que se despide con dificultad o no se les despide. Es decir, existe un
mercado laboral dual en el que, cuando llega una recesión, se despide mucho
a los primeros y poco a los segundos, independientemente de sus
conocimientos, cualificación, esfuerzo y desempeño. Así, la rotación de los
temporales es enorme y su desempleo duplica la media de la UE.
Además, este mercado dual aumenta la desigualdad permitiendo que los
primeros, con contratos indefinidos, más seguros en su empleo y con un nivel
de afiliación sindical elevado, presionen fuertemente para aumentar sus
salarios, mientras que los segundos, con contratos temporales e inseguros en
su empleo y poca afiliación, salen perdiendo ya que, las empresas, si no
pueden ajustar los salarios de los primeros, pueden acabar despidiéndolos.
Ambos problemas estructurales terminan resultando en una mayor
inflación, una menor productividad, una menor movilidad laboral y un mayor
desempleo que en los demás países de la UE. Paradójicamente, modificar esta
situación no requiere gastar más recursos públicos o privados, sino que basta
con que las fuerzas políticas y sociales se pongan de acuerdo en hacer
algunos cambios legislativos y administrativos prudentes y razonables.
El nivel de desempleo resultante del actual marco laboral es mayor que
en otros países por tres razones: Porque al ser mas fácil despedir a los jóvenes
(y especialmente a aquellas mujeres que han acudido más tarde, pero
masivamente, al mercado de trabajo, por estar mucho más cualificadas que
antes de 1984) son estos los primeros en quedarse sin empleo ya que el
mercado se vacía y se ajusta primero a su costa. Es decir, porque al no ceder
los salarios (precios), el mercado termina ajustándose vía cantidades,
reduciendo el número de empleos. Porque la contratación a tiempo parcial, que
ha sido la base fundamental de la creación de empleo en Europa, es muy baja
en España ya que, al ser mayoritariamente indefinida, es desplazada por la
contratación temporal, más flexible. Y porque las políticas activas de empleo de
formación y reciclaje son un porcentaje muy bajo del total que está dominado
por las pasivas y porque la intermediación pública de las colocaciones es sólo
un 10 por ciento del total.
La productividad resultante de este marco es menor que en otros países
por tres razones: Porque los nuevos temporales contratados suelen tener una
cualificación muy superior a la del puesto de trabajo que desempeñan
desperdiciándose su mayor cualificación. Porque las empresas, al no saber si
van a necesitar despedirlos más tarde, no les dan formación suficiente
condición necesaria para aumentar su productividad. Porque ante su sobrecualificación
e incertidumbre sobre su futuro en la empresa, los trabajadores
temporales tienden a mostrar un menor interés y esfuerzo en su trabajo y un
mayor absentismo.
La tasa de inflación salarial resulta ser más elevada que en otros países
por tres razones: Porque el sistema actual de negociación colectiva y las
cláusulas de salvaguardia de los convenios hacen que los salarios tiendan a
crecer más que la tasa de inflación ya que suelen ajustarse a sus subidas pero
no a sus bajadas. Porque los salarios se ajustan con retraso a la inflación por la
firma creciente de convenios plurianuales que se acercan ya a tres años y por
la ultra-actividad salarial en algunos convenios. Y porque como los salarios
tampoco se ajustan a las caídas de la productividad, los costes salariales
unitarios, es decir, ajustados por su productividad, crecen por encima de los de
otros países de la UE.
La movilidad laboral intra-empresarial es más baja en los trabajadores
temporales al incurrirse en unos costes que no podrán recuperarse si
finalmente van a ser despedidos y porque no han recibido la formación
necesaria para su nuevo puesto. La movilidad laboral Inter.-empresarial es más
baja porque los trabajadores indefinidos con costes de despido elevados no se
atreven a cambiar de empresa al perder sus derechos implícitos ligados a su
antigüedad. La movilidad Inter.-territorial es más baja porque los trabajadores
temporales no se atreven a buscar empleo en otras ciudades o regiones con
mayores probabilidad de empleo porque pueden terminar siendo despedidos.
Finalmente, los jóvenes, ante la dificultad de encontrar un empleo
indefinido, ven dificultadas o retrasadas sus decisiones de tipo vital, tales como
su emancipación y su procreación, lo que afecta negativamente a su acceso a
una vivienda, a su tasa de fecundidad que está cayendo de forma preocupante
y al futuro del sistema de pensiones de reparto.
La mejor propuesta para atajar estos problemas del mercado laboral es
la de los “100 economistas”, que es un intento muy meritorio de conseguir una
solución que pueda ser viable hoy mismo. Las cuatro medidas que propone son
las siguientes:
Primera, en cuanto a la dualidad laboral, propone que, a su entrada en
vigor, sólo exista un contrato laboral indefinido, cuyas indemnizaciones por
despido sean crecientes por cada año de servicio, desapareciendo la maraña
de los 16 contratos laborales actuales (salvo el de interinidad para sustituciones
por baja temporal). Este contrato único unificaría las causas de despido,
manteniendo sólo la tutela judicial para despidos por razones discriminatorias.
Las indemnizaciones por despido podrían empezar, a título de ejemplo, por los
8 días por año trabajado de los actuales contratos temporales los primeros dos
años y seguirían aumentando cada año hasta llegar a un máximo a partir del
quinto año que debería aproximarse al de la media europea de 35 días, es
decir, bastante por debajo de los 45 días actuales. En todo caso, sin superar
los costes medios actuales al diseñar su escalado anual.
Segunda, en cuanto a la protección por desempleo, propone, a medio
plazo, aumentar el nivel de la prestación por desempleo durante los primeros
seis meses a cambio de reducir su duración posterior, para que no desincentive
la búsqueda de empleo. Asimismo, propone revisar sus topes máximos que, al
ser relativamente bajos, no permiten mantener decisiones de consumo, ya
comprometidas y, al ser escasamente decrecientes, desincentivan la búsqueda
de empleo. También propone aplicar el modelo austriaco a las cotizaciones que
financian dichas prestaciones, mediante el cual pueden acumularse parte de
las cotizaciones en un fondo de ahorro al que el trabajador tenga acceso si
queda parado o si necesita formación y además puede acumular lo que quede
en un fondo de pensiones cuando se jubile. Asimismo, propone reducir las
cotizaciones sociales a las empresas que tiendan a despedir menos y
aumentarlas a las que suelan despedir más.
Tercera, en cuanto a la negociación colectiva propone modernizarla
cambiando su regulación para permitir que los acuerdos de empresa, ya sean
convenios de empresa u otros acuerdos entre los empresarios y sus comités de
empresa, puedan prevalecer sobre los convenios de ámbito superior,
permitiendo así que las empresas puedan mantener su empleo.
Cuarta, propone aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo
actuales. Por un lado, concentrándolas en los trabajadores de menor
cualificación, que son los que padecen períodos más largos de desempleo,
para evitar el paro de larga duración. Por otro, coordinando su gestión con la de
protección por desempleo, para que la provisión de actividades de formación o
de inserción tenga en cuenta la situación particular de cada parado y poder
generarle incentivos y oportunidades para salir del paro. Finalmente, propone
ampliar la oferta de estas actividades permitiendo que las empresas privadas
de intermediación laboral acreditadas puedan colaborar con las públicas, dando
mayores oportunidades de elección a los trabajadores.
Educación Ineficiente
El sistema educativo español muestra varios problemas estructurales de
solución relativamente fácil: El primero es en la educación infantil entre 0 y 3
años. La educación infantil es un medio extremadamente eficaz para sentar las
bases de un aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar y reducir las
desigualdades derivadas del estrato socioeconómico familiar. Aunque ha
habido avances sustanciales durante la última década, la tasa de
escolarización entre 0 y 3 años es sólo del 18% y en el 57% de los casos esta
enseñanza es privada, la pública se ha quedado muy pequeña dada la fuerte
inmigración y se ha lanzado el Plan Educa 3 para ofrecer 300.000 nuevas
plazas de guarderías hasta 2012.
El segundo es en la educación primaria y secundaria. Su tasa de fracaso
escolar es del doble que la media de la UE. Un 30% de los alumnos del
bachillerato abandonan la educación secundaria obligatoria (ESO), con lo que
un 14% sólo alcanzan estudios de primaria y no hace posteriormente formación
profesional, ambos porcentajes son los más elevados y los más bajos de la UE.
En la evaluación de PISA, un 26% de los estudiantes españoles no
consiguen los mínimos requeridos en lectura, otro 20% no los consigue en
ciencias y otro 25% no los consigue en matemáticas, quedando entre 3 y 4
puntos porcentuales por debajo de la media de la UE. La OCDE estima que en
España existe un 14% de la población entre 16 y 24 años que ni estudia ni
trabaja, la cuarta tasa más elevada de los 19 países miembros analizados, que
el 5% de los que dejan de estudiar después de la ESO queda atrapado en la
inactividad y otro 20% en el desempleo y que la tasa española de desempleo
juvenil es del 25%, la más elevada de dichos países.
Hay que recuperar la cultura del esfuerzo mediante incentivos
adecuados, mostrando que la educación no es algo lúdico sino costoso. Hay
que recuperar los controles centralizados a través de la antigua reválida a los
14 años a nivel nacional, abolida en 1975. Hay que ofrecer vías de acceso a
enseñanzas secundarias de formación profesional (FP) al acabar la primaria,
ya que hay tres alumnos universitarios en España por cada uno de FP,
mientras que la relación media entre ambos en la UE es sólo de uno a uno.
Hay que reforzar la enseñanza de idiomas extranjeros, el 55% de los españoles
no habla ninguno.
Hay que financiar generosamente a los grupos de apoyo a los alumnos
reaventajados. Hay que desarrollar en mayor medida el uso de tecnologías en
la transmisión del conocimiento, ya que sólo se utilizan las TICS en un 8% del
tiempo de clase, en combinación con el esfuerzo memorístico y el trabajo en
casa. Hay que reforzar la figura del profesor mediante su formación y reciclaje
continuo y hay que extender a la educación pública lo que ya ofrece la privada
y la concertada.
El tercero es la educación universitaria que, como en la educación
secundaria los incentivos no son los correctos. Un estudiante de universidad
pública cuesta aproximadamente unos 8.000 euros al año y sólo paga como
tasa de matriculación unos 1.000 euros al año, es decir el 12,5% del coste total
que es financiado por los contribuyentes. Esto significa que cada alumno
universitario recibe una subvención de 7.000 euros de los contribuyentes con
independencia de su nivel socioeconómico familiar y su currículo anterior.
El rendimiento, en términos salariales de un año adicional de educación
universitaria es entre el 7% y el 10% anual, mayor que el de gran mayoría de
los activos financieros, mientras que su rendimiento social es entre el 1% y el
3%. Esto significaría que el alumno debería de pagar el 70% del coste de su
formación y el resto el contribuyente y no sólo el 12,5%. Los sistemas de
financiación universitaria pública que mejor funcionan son aquellos cuyas
matrículas son elevadas y con ellas se dan préstamos a los que no pueden
pagarlas y se financian becas para los alumnos con más talento y menos
capacidad económica. Por ejemplo, España dedica a becas el 0,08% del PIB
mientras que la media de la UE es tres veces más (0,25% del PIB).
La tasa de fracaso universitario es incluso superior a la del fracaso
escolar porque sus incentivos son perversos. Un 30% de los estudiantes
universitarios abandona dos años después de empezar sus estudios sin
obtener titulación alguna. Sólo un 30% completan su licenciatura en los 4 años
establecidos y el restante 40% la completa dos años más tarde ya que la
duración media es de 6 años. Además, la financiación de las universidades
públicas depende en un 90% del número total de sus alumnos y sólo el 10% de
la calidad de su docencia e investigación. Si a esto se le añade la precariedad
de los jóvenes, el resultado es un grado de sobre-educación cercano al 25%,
donde la educación superior ha perdido buena parte de su capacidad de señal
de las competencias y habilidades del individuo.
Finalmente, la trascripción del Proceso de Bolonia en España ha sido
diferente al del adoptado por 43 de los 46 países firmantes. En lugar de elegir
la idea propuesta de un grado de 3 años y un master de 2 años se ha decidido
elegir un grado de 4 años y un master de 2 años. Los grados de 3 años
hubieran reducido sustancialmente la tasa de fracaso universitaria,
recuperando una buena parte del desperdicio de fondos públicos. Además
hubiera sido un foco de atracción de estudiantes extranjeros, que hoy sólo
representan el 2 por ciento frente al 15 por ciento de Estados Unidos y el reino
Unido.
Los cálculos realizados sobre el desperdicio del gasto público en
educación son los siguientes: En universidad, siendo el flujo de entrada anual
es de unos 250.000 alumnos y el stock de 1,38 millones de alumnos en 2008,
el desperdicio anual sería de 3.304 millones de euros, el 0,3% del PIB de dicho
año. Si se añade el despilfarro procedente del 30 por ciento del abandono
escolar de los estudiantes de la ESO, donde el gasto anual por alumno es de
6.000 euros, esto supone 1.440 millones de euros más al año, lo que
representa un 0,13 del PIB de dicho año. En total, 4.744 millones de euros al
año o el 0, 43% del PIB al año. Con esta cantidad podría financiarse un plan
nacional de incremento de la I+D+i en las empresas.
